Sobre el libro

El objetivo de esta obra es el tratamiento de la disposición de la vida en el Derecho chileno. A estos efectos, se tratan sus aspectos conceptuales, raíces históricas, evolución y las grandes controversias y discusiones que se plantean en la época contemporánea, abordando luego los aspectos legales que explican el tratamiento de la eutanasia y el suicidio asistido como delitos, distinguiéndolos de otras conductas admitidas por la ley o cuando menos no penalizadas. Tras examinar en detalle las características de la Constitución de 1980 y las garantías involucradas, el estudio culmina en el análisis del eventual conflicto de derechos que se plantea, revisando con detalle la evolución jurisprudencial chilena y los casos más relevantes del Derecho comparado.

En su lectura, el lector podrá constatar que el derecho a la vida asegurado a todas las personas en la Carta de 1980 implica un deber correlativo: el que tienen los demás de no dañarlo quitando la vida a su titular. Por esta razón, la tendencia de nuestro Derecho ha sido considerar que un atentado contra la vida, aun consentido por quien lo ha de sufrir, se considera ilegítimo como resultado del reproche social sobre la conducta de quien atenta contra la vida de otro.

La jurisprudencia revisada en el libro indica que, si bien ya no se considera al derecho a la vida como superior jerárquicamente al resto, sí es un gran valor consagrado en la Constitución, protegido de todo atentado externo, trátese de la vida naciente o del final de la vida. Ello circunscribe la autonomía de la persona a la comisión de actos autónomos, aun dañosos, pero no le otorga la facultad de tornar legítimos a los atentados contra su vida ejecutados por terceros por más que sean consentidos.

Reconociendo tales márgenes, el estudio distingue claramente la posibilidad admitida por la Constitución y la ley que tiene una persona competente de rechazar tratamientos médicos, de una situación muy distinta consistente en solicitar la colaboración directa de otro para darle muerte. En el primer caso, se trata de una decisión propia reconocida como derecho y elemento fundamental de la relación médico–paciente, mientras que en el segundo caso hay una acción directa y voluntariamente encaminada a dar muerte a un individuo.

Sobre el autor

DRA. ÁNGELA VIVANCO MARTÍNEZ